Tras el pronunciamiento de la Abogada General, se espera que la inminente sentencia del Tribunal de Justicia anule los acuerdos por incluir ilegalmente el territorio saharaui ocupado por Rabat
El 21 de marzo, la Abogada General de la Unión Europea, la croata Tamara Ćapeta, anunció sus conclusiones del proceso judicial del Frente Polisario contra los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos, concluyendo que los pactos deberían ser anulados «al no respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui». Estas palabras ofrecen una visión sobre la posible dirección que podría tomar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría confirmar la anulación de los acuerdos en los próximos meses.
Mientras esto ocurría en Europa, Rabat suspendía la actividad pesquera en varias áreas de las costas del Sáhara Occidental, debido al inicio de maniobras navales de la Marina Real marroquí en esas aguas, cerca de las Islas Canarias, que durarán hasta junio. Algunos medios sugieren que esta acción podría ser una medida para reafirmar la «soberanía» que Marruecos reclama sobre las aguas saharauis.
Para comprender adecuadamente la relevancia de estos eventos, es necesario abordar la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, la participación de las empresas europeas en el expolio y todo el largo proceso judicial del Frente Polisario en los tribunales europeos que culmina este año 2024 con la sentencia final del TJUE.
El expolio saharaui
El 6 de septiembre de 1991 el Frente Polisario y Marruecos acordaron un cese del fuego, bajo la condición de celebrar un referéndum de autodeterminación saharaui auspiciado por las Naciones Unidas. Sin embargo, dada la inoperancia de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) y las continuas obstrucciones de Marruecos y Francia, su gran aliado, esta consulta nunca llegaría a suceder. Actualmente, el Sáhara Occidental es uno de los pocos territorios pendientes de ser descolonizado.
Esto permitió a Rabat afianzar la ocupación y aumentar la explotación económica del Sáhara Occidental, territorio rico en recursos naturales, que abarcan desde fosfatos (esenciales para la producción de fertilizantes), hasta arena, pasando por petróleo (aunque escaso y poco accesible), pesca y agricultura. Bajo el acuerdo comercial vigente, Marruecos exporta los dos últimos recursos mencionados a la Unión Europea, beneficiándose de preferencias arancelarias al ingresar al mercado europeo.
En la pesca, Rabat concede autorizaciones a cientos de barcos pesqueros europeos, la mayoría españoles, para pescar ilegalmente en aguas saharauis. A cambio del acceso a estas aguas, Europa paga a Marruecos anualmente cerca de 52 millones de euros. El informe publicado recientemente por la Comisión Europea Evaluación retrospectiva y prospectiva del Protocolo del Acuerdo de Asociación para la Pesca Sostenible (AAPS) entre la UE y el Reino de Marruecos, revela que del total de capturas realizadas por los buques europeos entre 2019 y 2023, el 99% fue realizada exclusivamente en las costas del Sáhara Occidental ocupado.
Respecto a la agricultura, la producción agrícola en los territorios ocupados está claramente orientada a la exportación: según la organización Western Sahara Resources Watch (WSRW), el 95% de los tomates, pepinos y melones producidos en el Sáhara llegan a los mercados extranjeros. La liberalización de estos productos es uno de los motivos por la que miles de agricultores europeos salieron a las calles en toda Europa durante los últimos meses.
Para los grandes supermercados, como Mercadona, es más barato y rentable importar, por ejemplo, tomates procedentes del Sáhara a través del acuerdo comercial con Rabat, en lugar de comprar productos locales. En este sentido, mientras que el sector agrícola español ha adoptado generalmente posiciones contrarias a los acuerdos comerciales UE-Marruecos, la industria pesquera los ha apoyado.
Uno de los principales motores de la ocupación marroquí son los proyectos de energía renovable. Con la energía solar e hidráulica, el rey Mohamed VI se puede desprender de cualquier dependencia energética exterior y puede también cumplir los objetivos ecológicos de la ONU y “lavar de verde la ocupación” (Greenwashing, en inglés). Así es como, según Mark Hagen, miembro ejecutivo de WSRW, “el Sáhara Occidental ha pasado de ser un tabú para los inversores internacionales, a ser una inversión positiva porque es renovable”.
WSRW estima que el 81% de los nuevos proyectos de energías renovables de Marruecos se encuentran en los territorios ocupados. Estos proyectos cuentan con la participación de importantes empresas europeas, como la italiana Enel y la francesa ENGIE, además de varias empresas españolas, entre las que se incluyen Siemens-Gamesa, Ormazabal e Ingeteam.
La larga batalla en los tribunales europeos
El Frente Polisario inició procedimientos legales el 19 de noviembre de 2012 contra la renovación de los protocolos de liberalización de productos agrícolas de Marruecos y, posteriormente, el 14 de marzo de 2014, contra el acuerdo de pesca. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anunció la sentencia el 10 de diciembre de 2015, reconociendo que el Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, se vio directamente afectado por los acuerdos mencionados.
Esta sentencia marcaría un antes y un después en las relaciones entre Rabat y Bruselas, puesto que representa la primera ocasión en la historia de la UE en la que una institución de la Unión declara públicamente que el Sáhara Occidental no es parte de Marruecos y que no reconoce la soberanía de Rabat sobre este territorio. Esto marcaría un antes y un después en las relaciones europeo-marroquíes.
Asimismo, el Tribunal decidió anular solamente las partes de los acuerdos que afectaban al Sáhara Occidental por dos razones principales: por un lado, porque se aplicaban en territorios que no eran marroquíes; por otro lado, porque el Consejo Europeo no se había asegurado de que la explotación de los recursos naturales no perjudicara a los habitantes del Sáhara Occidental antes de aprobar los acuerdos.
Este último argumento se basa en un informe de Hans Corell, ex-Asesor Jurídico de la ONU, en el que se explica que, en ocasiones, este tipo de acuerdos pueden considerarse válidos si se realizan en beneficio las poblaciones afectadas. Sin embargo, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un acuerdo será válido si cuenta con el consentimiento del representante de las poblaciones, independientemente de si les benefician o no.
A lo largo del proceso, Bruselas siempre afirmó que no reconoce ni de iure ni de facto la anexión del territorio por Marruecos. No obstante, en práctica, la UE ha comerciado con pleno conocimiento con los bienes explotados ilegalmente por Rabat, como demuestran los controles de calidad realizados por técnicos de la UE en productos agrícolas en suelo saharaui.
Es más, Europa siempre se ha referido a Marruecos como «la potencia administradora de facto«, un término no reconocido en el derecho internacional y que parece una forma elaborada de legitimizar la ocupación. España continúa siendo la potencia administradora, como reconoce la ONU, y no puede renunciar ni transferir sus responsabilidades a terceros Estados.
El Consejo Europeo recurrió la sentencia del TGUE, alegando que el foco del juicio debía estar en la validez del acuerdo en sí y no en su aplicación. El TJUE le dio la razón en 2016, anulando así la sentencia de 2015 y manteniendo vigentes las partes del acuerdo que afectan al Sáhara. Su justificación se basó en que al no estar el Sáhara Occidental mencionado en el acuerdo y ser un territorio separado de Marruecos, es imposible que sea objeto de su aplicación. Y como no tienen efecto en el Sáhara, el Frente Polisario no puede impugnar los acuerdos, lo que invalida su denuncia. El TJUE era consciente de la implicación del acuerdo en el Sáhara, pero optó por ignorar la situación, indultar a la UE y permitir la continuidad del comercio ilegal.
Bruselas renovó el 25 de octubre de 2018 el acuerdo de comercio con Rabat, incluyendo, una vez más, el territorio del Sáhara Occidental. La Comisión Europea quiso curarse en salud, por lo que realizó una serie de consultas a entidades que consideraron representativas del pueblo saharaui. Bruselas concluyó que los acuerdos eran beneficiosos para la región y afirmó que de esta manera se había obtenido legítimamente el consentimiento saharaui.
Estas consultas incluían al Gobierno marroquí, a organizaciones políticas y socioeconómicas de los territorios ocupados designadas por Rabat y al Frente Polisario. Este último se negó a participar, argumentando que Marruecos no tiene ninguna legitimidad para hablar en nombre de los saharauis, como afirma la sentencia de 2015. Esto parece un intento más de Bruselas por legitimar la ocupación marroquí por intereses económicos.
El TJUE se volvió a pronunciar ese mismo año, reiterando en lo que el jurista Juan Soroeta denomina «el dogma de la inmaculada legalidad de la Unión Europea«. Sin embargo, el Tribunal también hizo aportaciones positivas, como establecer que para que los acuerdos se puedan aplicar al Sáhara se debe contar con su consentimiento, y no según los potenciales beneficios, desechando definitivamente el informe de Corell. También rechazó la posibilidad de que Marruecos pudiera actuar como potencia administradora “de facto”.
En septiembre de 2021, la sentencia del TGUE rechazó la validez de las consultas realizadas por la Comisión y declaró nulos los acuerdos por no respetar el derecho a la autodeterminación de los saharauis, un principio fundamental del derecho internacional. Sin embargo, la declaración de nulidad se realizó bajo una condición muy polémica y con dudosa legalidad: mantener los efectos de los acuerdos, pese haber sido declarados nulos, hasta que el TJUE dicte la sentencia definitiva tras el recurso del Consejo Europeo.
Luxemburgo se escudó en que la anulación de los efectos del acuerdo podría tener «graves consecuencias para la acción exterior de la Unión» y «hacer que peligre la seguridad jurídica de los compromisos internacionales» europeos. Sin embargo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados explica que, si un acuerdo es ilegal y viola un derecho imperativo como el derecho a la autodeterminación, ese acuerdo es nulo desde el momento en que se firma y se suspende desde el momento en que se declara su nulidad. Existe la incertidumbre sobre si el Tribunal cedió a Bruselas esta concesión ilegal por razones políticas.
2024: Incertidumbre ante una sentencia histórica
Llegados a este punto, todo indica que la tan esperada sentencia del TJUE anule definitivamente los acuerdos comerciales en los próximos meses. Así lo sugirió la Abogada General de la UE, la croata Tamara Ćapeta, en sus conclusiones del caso el 21 de marzo de este año: «(los acuerdos) no cumplen el requisito de tratar el territorio del Sáhara Occidental como separado y distinto del Reino Marruecos«. De esta manera, Ćapeta se mostró partidaria a su anulación.
Sin embargo, varios argumentos aportados por la Abogada General contradicen los razonamientos ya admitidos en sentencias anteriores, como considerar a Marruecos como la potencia administradora de facto. Según Ćapeta, el Frente Polisario no es una entidad válida que pueda dar el consentimiento en nombre del pueblo saharaui, pese a que el TGUE dijera lo contrario en 2021. El consentimiento lo debe dar «la potencia administradora de ese territorio» y, a juicio de la croata, ni el Derecho internacional ni el Derecho europeo impiden la «interpretación» de la UE de considerar a Marruecos como administrador de facto del Sáhara Occidental.
En el hipotético caso de que la corte decida anular los acuerdos, la UE no podrá firmar ningún acuerdo de libre comercio con Marruecos que se aplique en el territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento del Frente Polisario. Por otro lado, el Frente Polisario podría ser indemnizado por comerciar con sus recursos robados y las empresas europeas no tendrían una base legal para seguir participando en el expolio de los recursos saharauis. Esto no significa que cortarían sus inversiones en los territorios ocupados repentinamente, pero si no quieren tener problemas legales en Europa, eventualmente tendrían que hacerlo. De cara al futuro, esta posible sentencia abriría una nueva estrategia para afrontar la ocupación ilegal. Previsiblemente, la batalla en los tribunales seguirá.
La declaración de Tamara Ćapeta ha representado, en ciertos aspectos, un retroceso de los avances de los últimos años, período en el cual la UE estaba progresando inevitablemente hacia el cumplimiento de la legalidad internacional. De momento, todo sigue en el aire. A pesar del llamado de la Abogada General a la anulación de los acuerdos, parece que Europa intenta, retorciendo conceptos y expresiones, mantener abierta la posibilidad de futuros acuerdos con los que seguir exprimiendo el potencial económico saharaui ilegalmente.
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