El Gobierno libio busca poner fin al ciclo de violencia perpetuado por los grupos armados que controlan la región de Tripolitana desde la caída de Muamar Gadafi en 2011. Sin embargo, la omnipresencia de las milicias podría poner en jaque la viabilidad del plan
«A cualquiera que intente perturbar la seguridad en la capital lo enfrentaremos con fuerza, y no permitiremos el caos después de que la capital y sus alrededores hayan experimentado una estabilidad de seguridad significativa». Así amenazaba el pasado febrero el Ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) libio, Imad Trabelsi, a las milicias que controlan Trípoli y sus alrededores desde el derrocamiento del régimen del Coronel Muamar Gadafi en 2011.
Tras múltiples combates entre varios grupos armados que causaron la muerte de 10 civiles el pasado 17 de febrero, las milicias se comprometieron con el GUN a abandonar la capital a partir del 9 de abril, Fiesta del Fin del Ramadán, y ser reemplazados por agentes policiales y municipales. No obstante, los enfrentamientos recientes entre las dos milicias más importantes en el centro de Trípoli, justo dos días después de la fecha acordada para su retirada, plantean serias dudas sobre la viabilidad de su compromiso con el Gobierno. Sumado a esto, desde mayo las rivalidades entre milicias locales en Zauiya, a 40 kilómetros de Trípoli, se ha recrudecido.
Ante el vacío de poder que dejó la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2011, una variedad de grupos armados se dispersaron por toda Tripolitania. El poder de estas bandas criminales alcanzó un punto álgido con la formación del llamado Cártel de Trípoli en 2017, integrado por las cuatro milicias más importantes. Esto llevó a una partición territorial en la que los señores de la guerra ejercen su dominio sobre las operaciones administrativas, sociales y económicas, así como sobre el mercado negro y las vías de migración hacia Europa.
En consecuencia, todos los Gobiernos en Trípoli han estado subordinados a la impunidad del Cártel y su legitimidad ha dependido del beneplácito de los grupos armados. Sin ir más lejos, el Ministro del Interior Trabelsi, quien anunció la marcha de los grupos armados, fue un líder miliciano, acusado de enriquecerse por el cobro de comisiones por el contrabando de petróleo a Túnez a través de los puestos de control bajo su dominio.
El ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional libio, Imad Trabelsi, habla en una rueda de prensa en Trípoli, 21 de febrero de 2024. Fuente: Mahmud Turkia/AFP.
Durante la última década, ha habido varios intentos fallidos de integrar las milicias en un ejército o fuerzas de seguridad regulares bajo el control del Estado libio. Por tanto, esto nos lleva a preguntarnos: ¿Puede el Gobierno resolver el problema de las milicias en Trípoli a través de vías políticas acordadas? ¿Se han convertido las milicias en una parte integral del sistema político y económico? El objetivo de este artículo es responder a estas preguntas.
El oligopolio miliciano de Trípoli
El paisaje político de Libia después de 2011 es, sin duda, uno de los más complejos del Mediterráneo. En este nuevo orden libio posterior a Gadafi, las milicias encontraron un terreno fértil para consolidarse y fortalecerse. La ausencia de un gobierno central competente, la aparición del mercado negro y el tráfico de personas y el reavivamiento de las identidades tribales, junto con el flujo masivo de armamento y financiación estatal e internacional, contribuyeron a su crecimiento y ascenso al poder.
La precaria situación económica del país empujó a muchos jóvenes desempleados hacia las filas de estos grupos armados, ofreciéndoles una oportunidad atractiva para obtener ingresos y para disfrutar de un prestigio social que otras actividades fuera de las redes estatales no podían ofrecer. Las milicias se distribuyeron el territorio en zonas de influencia y se convirtieron en la ley y el orden.
Esto condujo a la práctica desaparición del sistema legal, que se mostró incapaz de proteger a los ciudadanos de los abusos perpetrados por las bandas armadas, como asesinatos arbitrarios, daños en hogares o robo de recursos públicos. Para los más gamers, se podría decir que –desde un enfoque muy básico– en Trípoli viven en su propio «GTA San Andreas»: diferentes bandas rivales, cada una con su simbología y origen, se reparten el territorio donde impera la violencia y la intimidación
El oligopolio miliciano actualmente presente en Trípoli se estableció de manera gradual y muy violenta. La mayoría de los grupos armados surgieron de células revolucionarias clandestinas, formaciones posrevolucionarias y combatientes de tendencia islamista, procedentes de zonas situadas fuera de la capital, como Misrata, Zintan y las ciudades amazig de las montañas de Nafusa.
Un vehículo miliciano en Trípoli, 2018. Imagen proporcionada a este medio.
A finales de 2011 y principios de 2012, Libia experimentó enfrentamientos a pequeña escala entre los grupos armados en Trípoli. En ese momento, la nueva autoridad política libia, el Consejo Nacional de Transición (CNT), se formó con líderes que habían combatido contra el régimen del coronel Muamar el Gadafi. Para lograr la reconciliación entre las milicias rivales de Misrata y Zintan, el CNT asignó las carteras de ministro del Interior y Defensa a dos señores de la guerra: Fawzi Abdel Aal, líder de una milicia de Misrata, y Osama al-Juwaili, líder de una milicia de Zintan, respectivamente.
Aparentemente, el CNT representaba un Estado joven y saludable, respaldado por un considerable apoyo popular y con el visto bueno de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, estos milicianos y sus ejércitos, como células cancerígenas latentes, comenzaron a infiltrarse en la estructura estatal. En unos pocos años, estas células malignas infestarían todo el Estado.
El CNT tenía como objetivo unificar las milicias bajo una única autoridad estatal. Algunas milicias se unieron a los ministerios de Defensa e Interior, mientras que otras permanecieron fuera del amparo estatal, especialmente bajo el mando de la Fuerza de Escudo de Libia, vinculada a Al Qaeda. Estas milicias recibieron apoyo financiero, logístico y militar de sus respectivos benefactores.
Milicianos de Misrata llegando a Trípoli, julio de 2014. Fuente: @dovenews (Twitter)
Los grupos armados adoptaron métodos cada vez más agresivos para ejercer presión sobre las instituciones de la nueva presidencia del Congreso Nacional General (CNG) –sustituto de la CNT–, lo que a su vez impulsó una espiral de violencia. En abril de 2013, las milicias comenzaron a asediar edificios ministeriales en protesta a una ley que prohibiría a los antiguos funcionarios del régimen gadafista ocupar cargos públicos. La ley acabó aprobándose, pero en vez de retirarse, los grupos armados afianzaron el control físico de los ministerios que ocupaban. Desde entonces se reparten la influencia, los nombramientos y las decisiones ministeriales de los Gobiernos de Tripolitania.
Durante los siguientes meses, se sucedieron ataques y saqueos constantes a las diversas sedes institucionales, como el edificio del Ministerio del Interior, la oficina del Primer Ministro Alí Zeidan –quien fue raptado durante un día en octubre de 2013– e instalaciones petrolíferas. También hubo masacres de civiles, como en noviembre de 2013, cuando una milicia de Misrata abrió fuego contra una protesta popular frente a su base, asesinando alrededor de 43 personas e hiriendo a centenares.
Tras esto, los grupos misratanos se retiraron de Trípoli. Entonces, las milicias islamistas de Zintan aprovecharon la ocasión para expandirse agresivamente sobre la capital: atacaron una base del ejército al sur de Trípoli, la oficina del jefe del Estado Mayor y se apoderaron del Aeropuerto Internacional de Trípoli. Según la ONU, desde la Revolución de 2011 las bandas zintaníes fueron financiadas y armadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU) .
Manifestación en Trípoli, noviembre de 2013. Fuente: DW
Los momentos de mayor tensión se vivieron en mayo de 2014, cuando los dos principales grupos zintaníes, Qa’qa’ y Sawa’iq, asaltaron una sesión del CNG, matando a dos miembros del personal, secuestrando a otros varios, saqueando los archivos de la legislatura y declarando la disolución del Gobierno. El colapso institucional en Trípoli, junto a la Operación Dignidad antiterrorista de Jalifa Hafter, Comandante del Ejército Nacional Libio (ENL) en Bengasi ese mismo mes, fue la gota que colmó el vaso para sellar la división final de Libia en dos bandos enfrentados: uno en Trípoli, con las milicias y el Gobierno disuelto, y el otro en Tobruk (Cirenaica, región oriental), con el ENL y la Casa de los Representantes (CdR) de su lado.
En respuesta a la beligerancia de Zintan y la desaparición del CNG, surgió una coalición miliciana anti-zintaní llamada Amanecer Libio –presuntamente armado por Turquía–. Este matrimonio de conveniencia reunió al Aparato de Apoyo a la Estabilidad (AAE), liderado por Abdul-Ghani Al-Kikli –alias Ghaniwa–, junto con los Caballeros de Janzur, la Fuerza Móvil Nacional amazig (FMN) y grupos armados de Zauiya. La ofensiva de la coalición logró expulsar a los grupos zintaníes de la capital tras una encarnizada lucha en el aeropuerto, que quedó prácticamente destruido. Como consecuencia, la mayoría de las embajadas extranjeras abandonaron el país y el dinar libio se desplomó, agravando la crisis en la que seguía sumiéndose el país.
Ruinas del edificio principal del Aeropuerto Internacional de Trípoli, agosto de 2014. Fuente: Hazem Turkia/Foto AFP
El dominio armado se expandía a la misma velocidad que la ideología salafista. Aunque solo una minoría de las milicias sigue ideas islamistas, desde 2011 en varias regiones de Trípoli las estudiantes son obligadas a usar el velo en las escuelas y cubren los cuerpos de las mujeres en los anuncios callejeros. Algunas incluso persiguen, secuestran y ejecutan a homosexuales, activistas feministas, periodistas y ateos. Otras también atacan lugares sagrados de minorías religiosas, como los sufíes, y realizan operaciones antiterroristas contra miemrbos del Estado Islámico.
Un acontecimiento que ilustra esta tendencia fue la desaparición de la fuente conocida como «La bella y la gacela«, símbolo de la ciudad desde la década de 1930. En agosto de 2014, la fuente fue dañada por un misil, dejando un agujero en su costado, y luego fue retirada abruptamente en noviembre por uno de los grupos armados bajo el pretexto de que mostraba un «cuerpo femenino desnudo en público». El hecho causó una gran tristeza generalizada entre los tripolitanos.
«La bella y la gacela», antes y después de su robo.
Con el apoyo de Amanecer Libio, un remanente de parlamentarios islamistas del CNG formaron una nueva autoridad política: El Gobierno de Salvación Nacional (GSN). Liderado por Omar Hassi, el nuevo Gobierno no era más que una marioneta de las milicias, que se repartieron los ministerios y departamentos para nombrar a funcionarios afines: el Ministerio de Defensa fue nombrado desde Misrata; el Ministerio del Interior por aliados de Amanecer Libio; Trabajo, Administración Local, Planificación y Telecomunicaciones por la FMN; y en 2015 el GSN nombró como ministro del Interior a un líder del Batallón Nawasi, Abd al-Latif Qaddur.
En la misma línea, el Gobierno creó el Aparato Central de Seguridad (ACS), con el propósito de integrar los grupos armados al aparato estatal. En este segundo intento de asimilación, en lugar de someterlas a un control centralizado, el GSN dio a las milicias una afiliación institucional y fortaleció su dependencia sobre ellas. Así, la mayoría de los grupos armados adoptaron nombres “oficiales” –por ejemplo, el Batallón Revolucionario de Trípoli (BRT), liderado por Haithem al-Tajouri, se convirtió en la Primera Unidad de Seguridad– y los líderes milicianos se convirtieron comandantes oficiales de estas unidades –y, por consiguiente, altos funcionarios del Estado–.
Asimismo, el Estado firmó contratos con los grupos armados para ejercer de “seguridad” en edificios administrativos, universidades, hospitales y sucursales bancarias, entre otros, otorgando legitimidad a su ocupación física de la actividad social de la ciudad. Las bandas armadas también dieron el salto a Internet, creando sus páginas web y estableciéndose en redes sociales como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, donde informan de sus actividades, glorifican sus operaciones e identifican y detienen a personas sospechosas de ser activistas. Actualmente, varias de estas cuentas poseen una verificación que las define como “organización gubernamental o multilateral”.
Cuentas verificadas de RADA en Twitter y del AAE en Facebook.
La compleja dinámica de alianzas y rivalidades entre milicias volvió a resquebrajarse con la firma del Acuerdo de Skhirat (Marruecos) en diciembre de 2015, mediado por la ONU, por el que se establecería un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) con Fayez Al-Sarraj como Primer Ministro. Sin embargo, como durante las negociaciones no se habían mantenido conversaciones con las milicias para establecer el GAN, los grupos armados se dividieron en dos bandos.
Por un lado, estaban aquellas milicias que veían al GAN como una injerencia exterior y una amenaza para su control territorial. Por otro lado, había otras que consideraban al GAN como una oportunidad para extender su influencia. En este último grupo se encontraban el Batallón Nawasi y las Fuerzas de Especiales de Disuasión (RADA), con quienes el GAN tuvo que negociar para garantizar su seguridad durante su llegada en barco desde Túnez, pues estas milicias controlaban el puerto de Trípoli. Ambas bandas profesan el salafismo madjalí.
De esta forma, la espiral de violencia se volvió a recrudecer, aunque las milicias afiliadas al GAN se expandieron eficazmente hasta dominar el centro de Trípoli en marzo de 2017. Durante los combates, existía una sensación generalizada en la ciudad de que la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) y los Gobiernos occidentales aprobaban estas operaciones.
En mayo de ese mismo año, el BRT y el AAE capturaron la prisión de Hadhba, último foco de resistencia al GAN, tras intensos combates. Este hecho fue celebrado públicamente por el Gobierno, que se refirió a las milicias como «fuerzas pertenecientes a las instituciones de seguridad del Gobierno». La captura de la prisión simbolizó el establecimiento del denominado Cártel de Trípoli, compuesto por cuatro milicias: BRT, AAE, RADA y el Batallón Nawasi.
Mapa de la división territorial de cada milicia en Trípoli, junio de 2018. Fuente: Wolfram Lacher y Alaa al-Idrissi
El oligopolio miliciano aglomeró un poder mayor que el de cualquier entidad gubernamental que haya existido en Trípoli desde el régimen de Gadafi. Reforzaron así su control sobre todas las actividades políticas, económicas y sociales en sus dominios; desde instituciones estatales y bancos, hasta comercios locales, hospitales y universidades.
La instauración del Cártel representó el punto de no retorno de la metástasis. Los altos cargos de los Ministerios de Finanzas, de Defensa y del Interior siempre mantuvieron estrechos vínculos con los Nawasi, RADA o el BRT. El Ministerio de Asuntos Exteriores fue particularmente afectado, después de que las milicias organizaran una protesta armada en mayo de 2017, que solo se resolvió con el nombramiento de una docena de milicianos para embajadas en el extranjero.
Sin embargo, las bandas de las afueras de la capital se sentían excluidas por el nuevo equilibrio. Tras meses con relativa orden, en agosto de 2018 volvió la violencia con el conflicto entre el oligopolio miliciano y la Brigada Kaniyat –oficialmente 7ª Brigada– de Tarhuna, a 80km al sureste de Trípoli. En septiembre alcanzaron un alto el fuego tras 117 muertos y 25.000 desplazados.
Milicianos en Trípoli, septiembre de 2018. Fuente: Hani Amara/Reuters
Kaniyat supo canalizar el malestar de otras milicias, como las de Misrata, de jefes tribales y de la población en general, para promover la idea de que Trípoli debería ser liberada del Cártel. Al-Sarraj se vio desbordado, pero finalmente Kaniyat y el resto de grupos se retiraron con la condición de que se creara un cuerpo de seguridad más profesional y “neutral”. Como resultado, se fundó la Fuerza de Protección de Trípoli (FPT), estructura que agrupa a las milicias del Cártel y a la Brigada 301 de Misrata bajo una sola identidad.
La FPT no fue realmente operativa hasta la invasión de Trípoli por el ENL en abril de 2019. Las milicias de Trípoli, Zintan y Misrata se unieron en una “coalición anti-Hafter”, a la que el GAN bautizó como “Ejército Libio”, en un intento de mostrar unidad. En realidad, ninguno de estos grupos había emprendido nunca una operación conjunta y había poca coordinación y líneas de comunicación.
Número aproximado de combatientes por milicia y del ENL. Fuente: Jason Pack/ISPI
La desventaja del “Ejército Libio” frente al organizado ENL dio un giro de 180 grados cuando Turquía decidió intervenir del lado del GAN en diciembre de 2019. Ankara proporcionó a las milicias apoyo aéreo, armamento, drones, sistemas de defensa, además de entrenamiento y cooperación en materia de inteligencia. Hafter y al-Serraj alcanzaron un alto al fuego en agosto de 2020.
En marzo de 2021, el GAN cedió su lugar al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) y al-Serraj entregó el cargo de Primer Ministro a Abdul Hamid Dbeibah. No obstante, en septiembre, el parlamento de Tobruk aprobó una moción de censura contra Dbeibah y, en febrero de 2022, Fathi Bashagha fue investido como Primer Ministro. Dbeibah se negó a convocar elecciones y Bashagha formó el Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), orientado políticamente a Tobruk, con base en Sirte.
El Primer Ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdul Hamid Dbeibeh (C), junto al ministro del Interior, Imad Trabelsi (I), inspecciona la escena tras los enfrentamientos entre milicias en Trípoli, agosto de 2022. Fuente: Agencia Anadolu
Al igual que ocurrió con Amanecer Libio con la llegada del GAN en 2015, del divorcio del Cártel de Trípoli se formó un bando pro-GEN y otro pro-GUN. En el primer grupo se encontraban el Batallón Nawasi y el BRT –irónicamente dos años antes se encontraban combatiendo contra Tobruk– y en el segundo RADA y AAE de Ghaniwa. Hubo enfrentamientos esporádicos en mayo, pero para finales de agosto, Libia estaba al borde de una Tercera Guerra Civil. En tan solo dos días, las milicias de Dbeibah derrotaron a las de Bashagha, dejando un dramático saldo: 32 muertos y 159 heridos.
El Cártel de Trípoli se redujo y, en consecuencia, el Batallón Nawasi y el BRT fueron prácticamente absorbidos por los siguientes señores de la guerra: Abdul Rauf Kara, líder de RADA, Abdul-Ghani al-Kikli, líder de AAE, e Imad Trabelsi. Este último, actual Ministro del Interior del GUN, dirige una milicia zintaní llamada Brigada Al-Sawaiq, rebautizada como Servicio de Seguridad Público (SSP). Aunque tiene la apariencia de una policía municipal, el SSP opera como una milicia más. En otras palabras; la Brigada Al-Sawaiq, que se cree que hasta 2014 tenía vínculos con Al Qaeda y se beneficiaba del contrabando de petróleo, fue purificada por la sagrada voluntad institucionalizadora del GAN en 2018.
Los señores de la guerra Abdul Rauf Kara y Abdul-Ghani al-Kikli. Fuente: @alwasatengnews (Twitter)/Libyan Express
Fuera de la red Cártel, hay otros grupos armados que no se pueden olvidar, como la Brigada 444, la Brigada 111 y los Caballeros de Janzur. En agosto de 2023, la detención del comandante de la Brigada 444, Mahmoud Hamza, en el aeropuerto militar de Mitiga, bajo el dominio de RADA, provocó nuevos enfrentamientos armados que resultaron en la muerte de 55 personas y 146 heridos.
La constante tensión entre las diversas facciones es palpable y cualquier pequeña chispa puede desencadenar una explosión de violencia efímera pero muy mortífera, con un elevado número de víctimas civiles y cuantiosos daños en estructuras y viviendas. La batalla por la hegemonía de Trípoli reside entre los miembros del Cártel, los cuales tampoco han tardado en enfrentarse. RADA y el AAE de Ghaniwa se enfrentaron en abril de este año, justo después del vaticinio del GUN sobre el “fin de la era de las milicias”.
Mapa de la división territorial de cada milicia en Trípoli, marzo de 2024. Fuente: Grey Dynamics
En la actualidad, el Cártel de Trípoli continúa ejerciendo de captor del Gobierno, por lo que parece poco realista que se retiren o se subordinen por completo al GUN. Tanto es así que, en el pasado abril, la residencia del Primer Ministro Dbeibah fue atacada con lanzacohetes. Además, los grupos armados están fortaleciéndose y profesionalizándose cada vez más, en parte debido a los programas de formación para sus soldados proporcionados por potencias como Turquía, Francia y Estados Unidos.
Por otro lado, el deterioro de la situación en la ciudad Zauiya, a 40 kilómetros al oeste de Trípoli, aumenta la presión sobre el Gobierno de Dbeibeh. Los enfrentamientos entre las milicias locales Kabouat y Riyad Bilhaj, aliadas del GUN, han causado por lo menos la muerte de un civil y han obligado al cierre de escuelas y la evacuación de varios hogares. Los combates en Zauiya podrían recrudecerse los próximos meses.
Más allá del campo político y militar, gran parte de la complejidad del problema reside también en el dominio de las milicias sobre la economía de Tripolitania.
El negocio de la impunidad y la inmigración
Las tensiones entre las milicias están fuertemente influenciadas por factores económicos. Existe una interdependencia entre su paulatina expansión territorial y sus fuentes de financiación: adquieren nuevas zonas de Trípoli para acceder a diferentes métodos para obtener capital, lo que a su vez les proporciona más capacidades para consolidarse en términos sociales y políticos y ampliar su presencia militar.
Hasta 2014, las milicias dependían en gran medida de la financiación proveniente de recursos estatales e internacionales –principalmente de Catar y EAU–. Sin embargo, la situación cambió radicalmente a partir de los recortes que el GSN tuvo que implementar a raíz de la crisis económica.
Los grupos armados necesitaban encontrar nuevas formas de ingresos y los secuestros y la imposición de “impuestos” a los negocios locales se convirtieron en los medios habituales para obtenerlos. Sin embargo, la decadente economía libia les brindó una tentadora oportunidad no solo para sobrevivir, también para expandir su poder: aprovechando el desplome del dinar libio, ocuparon las sucursales bancarias y extorsionaron y secuestraron a sus gerentes, para obtener acceso privilegiado a financiación y divisas al tipo de cambio oficial.
Milicianos patrullan las calles de Trípoli, agosto de 2017. Fuente: Arab Center Washington DC
Inicialmente, adquirían tarjetas de crédito o cartas de crédito emitidas por los bancos para comprar bienes o retirar divisas en el extranjero, para luego reconvertirlas a un precio más alto en el mercado negro. Pero a finales de 2015, el GSN restringió el acceso a divisas al tipo oficial con el objetivo de combatir estos fraudes. Esta medida agudizó la crisis de liquidez y contribuyó al aumento de la inflación que resultaron ser muy beneficiosas para los grupos armados, pues tomaron el control total de la retirada de efectivo. También se lucraron del uso de cheques, cada vez más extendidos a medida que se agravaba la depresión financiera.
Los tripolitanos se vieron forzados a depender aún más de las bandas armadas para obtener dinero en efectivo y divisas extranjeras. De esta forma reforzaron su poder social y tejieron extensas redes clientelares: aquellas personas, empresarios o políticos que gozasen de una buena posición con las milicias, tendrían un acceso prioritario a los depósitos bancarios en el mercado negro y obtendrían descuentos en la conversión de divisas extranjeras.
El mercado negro como único acceso a divisa extranjera está tan normalizado a día de hoy, que incluso cuentas especializadas y medios libios informan de las variaciones de los tipos de cambio ilícitos.
Milicianos vigilan una cola frente a un banco en Trípoli, febrero de 2017. Fuente: Mahmud Turkia/Foto AFP
Frente a cualquier esfuerzo por desarticular la estructura fraudulenta, las milicias responden con tácticas violentas y coercitivas. Entre 2016 y 2017, la Oficina de Auditoría del GAN suspendió cientos de cartas de crédito empleadas en el fraude. El Batallón Nawasi reaccionó entrando a la Oficina de Auditoría, exigiendo el levantamiento de las suspensiones de las cartas de crédito de las empresas vinculadas a Nawasi y secuestrando a varios altos cargos del Banco Central y al jefe de seguridad de la oficina.
Durante el establecimiento del Cártel de Trípoli entre 2017 y 2018 en Libia, los grupos armados secuestraron a funcionarios y ejecutivos para obtener contratos, nombramientos en empresas y otros costos de liberación todavía desconocidos. En octubre de 2017, el BRT secuestro al ministro de Transportes, quien aceptó contratar a una empresa de un propietario misratano aliado con la milicia para la reconstrucción del Aeropuerto Internacional de Trípoli.
Los directivos de las Aerolíneas estatales de Afriqiyah Airways y de Libyan Airways también fueron secuestrados durante meses en diversas ocasiones por RADA, BRT y AAE, tratando de forzar el nombramiento de sus aliados en altos cargos de las empresas u obtener otros favores. También se robaron y vendieron en el mercado negro gran cantidad de objetos de valor de los museos y los aeropuertos y de material sanitario de los hospitales, lo que repercutió significativamente en la vida de los tripolitanos.
Otra de las grandes fuentes de dinero es el tráfico de inmigrantes, principalmente subsaharianos. AP estima que alrededor de 5.000 inmigrantes, incluyendo niños, permanecen detenidos en 16 a 23 centros de detención en Tripolitania. En estos lugares, se han documentado casos de torturas sistemáticas, palizas, hambrunas deliberadas, desapariciones, asesinatos y violaciones sexuales. Las bandas criminales utilizan estos métodos para extorsionar a las familias de los detenidos, enviándoles audios o vídeos de las torturas de sus familiares. Los inmigrantes deben pagar miles de dólares para ser liberados, aunque el coste varía según su nacionalidad.
Centros de detención de Treeq Alsika, Trípoli, noviembre de 2017. Fuente: Raja Razek/CNN
Pero el beneficio no solo reside en las extorsiones y el tráfico. En 2015, la Unión Europea (UE) creó un fondo destinado a frenar la migración desde África, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). Con pleno conocimiento tanto de la ONU como de la UE, la mayoría de los más de 360 millones de euros que Bruselas envió al Estado libio en 2019, han acabado en los largos tentáculos de las milicias.
Los fondos que se asignan para la mejora de las condiciones de alimentación y limpieza en los centros de detención también parecen no llegar a su destino previsto. De los aproximadamente 50 dinares diarios que cada detenido debía recibir en alimentos y otros artículos de primera necesidad, se calcula que solo unos 2 dinares se gastaron realmente en estos servicios. Una comunicación interna entre funcionarios de la ONU de principios de 2019 demuestra que la institución era consciente del problema, dada la cantidad presupuestada en comparación con la cantidad que comían los prisioneros.
La guardia costera libia también recibió más de 90 millones de euros de los fondos europeos entre 2017 y 2019 en formación y equipamiento con el fin de interceptar a los inmigrantes antes de llegar a Europa. Sin embargo, la guardia costera colabora con las milicias para devolver a algunos inmigrantes liberados a los centros de detención, donde se les vuelve a extorsionar.
La esclavitud también ha sido una práctica resurgida después de 2011 y explotada por los grupos mafiosos. En 2017, la CNN reveló pruebas de mercados de esclavos en Trípoli, donde inmigrantes secuestrados en Sabha (sur de Libia) eran subastados por menos de 1.000 dólares. Tras la venta, las personas esclavizadas son explotadas en granjas y fábricas. Según la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, se estima que en 2021 había alrededor de 10.000 personas reportadas como desaparecidas en Libia. Muchas de ellas podrían estar esclavizadas o en centros de detención.
Rutas migratorias desde países del Sahel a Europa. Fuente: IOM/Altai Consulting
Es difícil de creer que la ONU o la UE no estén al tanto de la situación o que hayan sido tan ingenuas como para pensar que estas inversiones no contribuirían a financiar violaciones de derechos humanos, considerando que el Estado libio no es funcional. Más bien, parece que ambas prefieren hacer la vista gorda con tal de que la llegada de inmigrantes disminuya, lo que también otorga a los grupos armados una valiosa capacidad para extorsionar a Bruselas.
La culminación de la Metástasis
El Instituto Italiano para los Estudios de la Política Internacional (ISPI) define la situación en Libia como un caos organizado. Esta descripción es especialmente acertada cuando se observa las dinámicas concretas en Tripolitania: los líderes cambian y la ONU modifica las siglas de los Gobiernos, pero las milicias y la violencia se quedan. La realidad es que el Estado es una fachada instrumental para las bandas armadas que realmente ejercen el poder en la capital.
Los grupos criminales han torpedeado todos los intentos de reunificación y construcción realista de un Estado libio que pueda deshacer su dominio. De hecho, no ha habido un verdadero programa de desarme, desmovilización y reintegración de las milicias para restaurar el monopolio legítimo del Estado sobre el uso de la fuerza. Todas las autoridades políticas de Trípoli, incluido el Gobierno actual, reconocido y apoyado por la ONU, no están vagamente vinculadas a los grupos armados, sino que forman parte de la maquinaria del Cártel.
Un líder de RADA justificó la práctica de la milicia de “arrestar” a las personas en primer lugar y luego obtener las órdenes de detención pertinentes del Fiscal General de esta manera en marzo de 2018:
El Gobierno no puede tomar decisiones. Los decretos del (Primer Ministro) al-Serraj no los hace al-Serraj. Los decretos del ministro del Interior no los hace el ministro del Interior. No podemos actuar como si el Gobierno estuviera en posición de darnos órdenes.
La cita precedente es tan cruda como realista: en Libia el Estado está secuestrado. El grado de captura del Estado por parte de los grupos armados de Trípoli no tiene precedentes. Las milicias no son leales al Gobierno, sino que es el Gobierno el que está totalmente a merced de estos grupos armados. Son los Gobiernos los que se tienen que posicionar dentro de la compleja lógica de alianzas y rivalidades milicianas para poder, al menos, establecerse.
Desfile de combatientes milicianos. Fuente: ISPI
El reducido grupo de personas que se beneficia de la violencia, la sistemática violación de los derechos humanos y el control económico es el que a su vez ocupa puestos administrativos legítimos, reconocidos y financiados por la ONU, la UE, varios Gobiernos occidentales y árabes.
No se puede olvidar la génesis de toda esta situación; el origen del cáncer. Fue la OTAN, con Estados Unidos, Francia y Reino Unido a la cabeza, en colaboración con la Liga Árabe, los que alimentaron a las células cancerígenas.
Por lo tanto, nos encontramos de nuevo con la pregunta inicial de este artículo: ¿Puede realmente el Gobierno resolver el problema de las milicias en Trípoli a través de medios políticos? ¿Se han convertido las milicias en una parte esencial del sistema político y económico? Dicho de otra manera, ¿es ya demasiado tarde para erradicar el cáncer?
Aparentemente, la metástasis ya se ha producido. Las milicias ya son oficialmente y en práctica, representantes del Estado libio. Tienen el control sobre la mayoría de aspectos de la sociedad, desde las redes sociales y la seguridad en las calles, hasta la actividad financiera, la educación y las decisiones gubernamentales. La propuesta de integrarlas al Ministerio del Interior, encabezado por un líder miliciano como Imad Trabelsi, no parece que vaya a minar su poder, combatir la corrupción o terminar con la violencia endémica. Además, seguir institucionalizando a las bandas armadas del Cártel de Trípoli, en efecto, sería un proceso de lavado de imagen y de reputación: borrar la historia y olvidar toda la sangre derramada y el daño causado. La institucionalización podría ser un remedio a largo plazo, pero con un coste político y económico que podría lastrar al Estado libio y a sus ciudadanos.
Una solución por vías políticas o diplomáticas parece más una fantasía que una realidad, especialmente considerando la ausencia de un verdadero poder político que sea independiente de la influencia miliciana. Sin embargo, dada la posición clave de Libia en la batalla por la hegemonía global y regional, no se puede descartar que la gran influencia de potencias exteriores como China, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Egipto, Catar o EAU pueda motivar a los grupos armados a retirarse de la capital, aunque es poco probable.
El escenario más realista es la toma de Tripolitania por el Gobierno de Tobruk –aliada con Egipto, Rusia, EAU y Francia– que goza de un ejército más regular y organizado dirigido por Jalifa Hafter, aunque también depende de algunos grupos armados tribales, fuerzas chadianas y sudanesas y algunas milicias en Tripolitania leales a Hafter. No obstante, la reunificación de Libia por la fuerza no parece ser una opción viable, al menos en el corto plazo. La presencia militar de Turquía en Trípoli, que se espera que continúe al menos hasta 2026, representa un desafío significativo para Hafter, como se pudo comprobar durante la guerra en 2020.
Parece muy complicado curar un cáncer cuando la metástasis ya ha sucedido. La situación en Trípoli, y en Libia en general, es muy delicada y un nuevo gran conflicto podría volver a estallar en unos pocos años. Probablemente, hasta entonces la presencia y la violencia de las milicias seguirán presentes en la capital.
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